Juntas

Desde antes de la pandemia, las desigualdades generadas por las lógicas patriarcales y neoliberales venían obstaculizando el acceso pleno a la educación, la salud, empleo de calidad, derechos sexuales y reproductivos, autonomía económica y participación política de las mujeres y otros grupos subrepresentados y en distintos escenarios actores sociales, incluyendo al movimiento de mujeres y feminista, venían llamando la atención masivamente sobre los impactos de esta situación y demandando transformaciones profundas.

Esas desigualdades estructurales se han ido profundizando por la emergencia sanitaria, social y económica ocasionada por la covid-19, exponiendo las vulnerabilidades y debilidades de los sistemas de cuidado, empleo y protección social en toda la región y generando la ampliación de los impactos de la crisis.

Es entonces urgente la adopción de medidas que garanticen los derechos de toda la población, que involucren el enfoque de género como un elemento indispensable para la recuperación socioeconómica de los países y le apuesten a transformar las desigualdades estructurales.

Juntas mujeres de América Latina surge como un espacio de intercambio y socialización de parlamentarias para:

• Avanzar colectivamente en el seguimiento de las acciones, estrategias y medidas tomadas en la región sobre las seis agendas (véase la lista a continuación) e identificar si existen otras para incluir.
• Diseñar estrategias sobre las agendas priorizadas, a partir del análisis de las medidas adoptadas en la región y como resultado de un diálogo con feministas que vienen haciendo propuestas de política pública como salida a la crisis.
• Socializar y construir, propuestas con enfoque de género y perspectiva transformadora sobre las dos agendas priorizadas, a partir de la discusión y socialización en la Plataforma y de insumos técnicos de expertas.

Las agendas propuestas son las siguientes:

Profundizar y desarrollar políticas y sistemas de cuidados: en el mundo las mujeres asumen 76,8% de las horas dedicadas al trabajo de cuidado no remunerado, y por la pandemia, las medidas de aislamiento, el cierre de centros educativos y la crisis de los sistemas de salud hay una mayor demanda de cuidados, lo cual se traduce en sobrecarga laboral para las mujeres e incluso, en algunos casos, ellas se ven obligadas a dejar sus empleos para asumir, de tiempo completo, los trabajos de cuidado no remunerado. Se deben fortalecer medidas que reconozcan, redistribuyan y reduzcan la sobrecarga de trabajo de cuidado no remunerado que hoy tienen las mujeres dentro de los hogares. En el diseño de estas acciones de política debe tenerse en cuenta la situación particular de las mujeres rurales, que tienen una mayor carga de cuidados y en donde aún hay insuficiencia de infraestructura y servicios sociales básicos.

Acceso a trabajo decente con ingresos dignos y protección social: las mujeres acceden al mercado de trabajo en condiciones de desigualdad, se insertan mayoritariamente en trabajos precarios, con bajos ingresos, informales y sin protección social. Se deben tomar medidas para garantizar mayor acceso por parte de las mujeres a empleos de calidad, con igualdad salarial y acceso integral a la seguridad social, especialmente en lo que se refiere a la protección de riesgos laborales, para aquellos trabajos feminizados y hoy esenciales en la pandemia como servicios de salud y trabajo doméstico.

Garantía de ingresos propios para la autonomía económica de las mujeres: las mujeres se ocupan mayormente en la informalidad y en los sectores más afectados por los cierres y que más tardarán en reactivarse como administración pública, educación y salud, actividades artísticas, hoteles y restaurantes. Además, en el caso de ser microempresarias tienen menor acceso a financiamiento. Es necesario entonces que las medidas de estímulo económico tengan un enfoque de género, lo mismo que generar iniciativas de apoyo fiscal y garantizar ingresos a las mujeres, sobre todo a quienes son jefas de hogar y tienen la responsabilidad del sustento de sus familias.

Aumento de la capacidad de respuesta a la violencia de género y fortalecimiento de acciones integrales: distintos organismos internacionales han reportado un crecimiento alarmante de la violencia basada en género en medio del confinamiento y un aumento significativo en las llamadas a las líneas de atención disponibles. Por tanto, se deben fortalecer las rutas de atención, prevención y protección con un enfoque de garantía de derechos y de justicia de género. Es necesario asegurar que las líneas de atención y los servicios dedicados a las víctimas se consideren “servicios esenciales” para la protección de la vida y se mantengan disponibles permanentemente.

Acceso pleno al derecho a la salud de calidad, incluyendo la salud materna y la salud sexual y reproductiva: en tanto los recursos para responder a la pandemia se van reasignando, sigue siendo esencial el acceso a una atención de salud materna de calidad libre de discriminación, violencia y coerción. Igualmente, es necesario que los estados garanticen el acceso a la información, los servicios sexuales y anticonceptivos, como una medida esencial para evitar embarazos no deseados que podrían tener alto impacto en la vida y salud de las mujeres.

Mayor participación política de las mujeres y posicionamiento de agendas interseccionales y con enfoque de género: además de garantizar la autonomía física y económica de las mujeres, es necesario avanzar en la autonomía en la toma de decisiones, que se refiere a la presencia de mujeres en los distintos niveles de los poderes del Estado. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el caribe (Cepal), 25% de los escaños parlamentarios en la región los ocupan mujeres y un porcentaje similar se obtiene en los órganos colegiados territoriales, razón por la cual es necesario emprender acciones efectivas para lograr avances reales en esa participación y en la incorporación de la igualdad de género, como un elemento orientador de las políticas públicas. En el contexto actual de la pandemia, se debe encontrar la forma de incluir a las mujeres en los escenarios de toma de decisiones y definición de estrategias de respuesta y recuperación a la crisis, para asegurar políticas integrales con enfoque de género e interseccional.